Las instituciones aguardan por las resoluciones del Ejecutivo
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La semana pasada el primer mandatario anunció medidas de expropiación, ocupación y fiscalización en 35 desarrollos habitacionales a escala nacional, y esas acciones no solo impactan al sector construcción, también al sector bancario.
Las instituciones financieras están a la espera de las definiciones por parte del Ejecutivo Nacional sobre la situación de cada desarrollo habitacional, debido a que esos complejos se han financiado con la cartera hipotecaria obligatoria.
El pasado 31 de octubre el Gobierno notificó las acciones que se ejercerán en los desarrollos, y el lunes 1 de noviembre el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) exhortó a los bancos a suspender las protocolizaciones de inmuebles (firmas en el registro) en espera de las próximas acciones, pero ha pasado una semana del anuncio y las medidas no se han oficializado (no están publicadas en Gaceta).
Fuentes financieras, indican que el retraso en la publicación de las resoluciones limita la actuación de las entidades.
Explican que los créditos para las compras de las unidades se han seguido aprobando, pero los mismos no se han podido protocolizar por la instrucción del Banavih. Apuntan que aunado a la suspensión de esos procesos, existen interrogantes vinculadas con los tratamientos que tendrán los financiamientos otorgados a las constructoras y la situación de las hipotecas de los terrenos.
De acuerdo a lo que han indicado las autoridades, en los desarrollos habitacionales se instrumentarán planes que abarcan desde la entrega de las viviendas hasta la revisión de los contratos. El pasado domingo el Vicepresidente, Elías Jaua comentó que habrá que "componer el enredo jurídico".
Sin cumplir
Las instituciones por los cambios que se registraron en mayo a la resolución de la gaveta hipotecaria ya han tenido que enfrentar dificultades para su cumplimiento.
El 58% de la cartera se destina a financiamientos a largo plazo (compras de viviendas) y de ese monto, 80% debe orientarse a créditos para familias que devengan menos de tres salarios mínimos (3.678 bolívares) y 20% para aquellos que ganan más 3.678 bolívares. Fuentes financieras, explican que la porción prevista para las familias que perciben menos ingresos todavía no se ha colocado, debido a que la demanda es baja. Por esta vía las familias no reciben el subsidio que sí se otorga por la Ley de Vivienda.
Del total de la cartera, 32% es para créditos a la construcción y también ha habido problemas para su cumplimiento, especialmente en la porción para los proyectos dirigidos a las familias que ganan hasta cinco salarios mínimos (6.130 bolívares). Las fuentes, apuntan que no se han podido autorizar préstamos para remodelación y autoconstrucción ante la ausencia de instructivos.
Incertidumbre
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, señala que por las medidas ejercidas por el Ejecutivo existe preocupación en el sector. Expresa que no se avalan irregularidades en los desarrollos, pero asegura que las leyes contemplan sanciones para esos casos y existen acciones que se pueden tomar antes de llegar a la expropiación.
Para el representante del organismo, la inversión en la actividad se desestimula y en estos momentos es necesario garantizar la regularización de los insumos así como de los financiamientos y los subsidios.
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